¿Qué pasa si usted entra al edificio del Instituto Estatal Electoral fumando un cigarro?
Inmediatamente le pedirán que apague su instrumento delictivo o bien, que abandone el edificio; pero si usted se niega a ello solicitarán el auxilio de la fuerza pública para hacerle cumplir con la ley, porque la ley hay que cumplirla.
¿Qué pasa si usted entra fumando a las oficinas de valla rent o a un autobús de transporte colectivo?
De igual manera le pedirán que apague su cigarro o que salga de ese espacio público porque está violando la ley.
Pero ¿Qué pasa si usted promociona su imagen con el fin de darse a conocer entre la ciudadanía para captar votos en las próximas elecciones?
Nada.
Aunque se esté violando el Código Electoral Estatal.
Ambas son leyes de orden general e interés público, sin embargo a los fumadores se les criminaliza y a los políticos se les apologiza.
Los consejeros ciudadanos, ni los vendedores de espacios publicitarios, ni los permisionarios del transporte público de pasajeros tienen interés en cumplir ni hacer cumplir la ley electoral por las causas que a ellos motiven, ya sea ignorancia o ambición.
Sea cual fuere la motivación, queda claro que se privilegia el negocio privado por encima del interés publico y que con esas autoridades despistadas mas una ciudadanía desinteresada y cómplice poco se puede avanzar en materia de democracia.
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